Defensores de derechos humanos, ¿dónde estaban?

Durante estos meses de Gobierno transitorio, hemos presenciado una serie de detenciones de exautoridades del gobierno del MAS, que podrían definirse cuando menos como irregulares, no porque haya la convicción de su inocencia, sino porque no se han respetado los procedimientos establecidos por ley; la detención preventiva, que tendría que ser la excepción, se ha convertido en la regla. El caso que más críticas ha recibido, incluso de instancias internacionales, es el de la detención de César Navarro y de Pedro Damián Dorado, puesto que horas antes se les había otorgado salvoconductos por su condición de asilados en la Embajada de México, hecho que tuvo que ser rápidamente rectificado.

Distintos actores políticos e intelectuales se han expresado sobre estas irregularidades, sin embargo, traigo las voces de quienes, desde una posición de izquierda —partidarios o simpatizantes del MAS y otros que nunca supieron/quisieron definir su posición—, califican estas acciones como claras muestras del fascismo que caracterizaría al actual Gobierno, desde su punto de vista, golpista. “Retrocedimos”, “ni en dictadura”, “se está perdiendo el respeto por las leyes”, “no se puede esperar otra cosa de fascistas”, “así actúa la derecha golpista”, “persecución política”, comentan con cada noticia que se refiere a dichas detenciones o actos de violencia en contra de los ahora indefensos personajes del MAS.

Si estas acciones son la expresión pura de una dictadura fascista, ¿cómo calificaríamos los continuos atropellos, la constante violación a normas, derechos, tratados, que fueron socavando la democracia durante más de 10 años? ¿Por qué las acciones en contra de políticos que hasta hace poco detentaban poder y participaban de violaciones sistemáticas de derechos humanos despiertan la sed de justicia de estos ciudadanos, pero las que sucedieron durante el Gobierno del MAS no les provocaron ni un mínimo escozor? ¿La defensa de los derechos humanos depende del color político y solo se activa cuando los perseguidos y atropellados son los que reconocemos como próximos? ¿O la represión, la persecución política no es tal si el Gobierno tiene la etiqueta de “izquierda”? Tal vez —quiero ser empática—, no se enteraron muy bien de esos hechos, ya sea porque vivieron lejos del país o porque estaban desconectados de la vida política nacional. Por ello, los ayudaré con la revisión de algunos casos.

Con respecto a exilios, tenemos el caso de Roger Pinto, que fue asilado en la Embajada del Brasil, nada menos que en el Gobierno de Dilma Rousseff, aliada de Evo Morales. Pasaron 454 días durante los cuales le negaron un salvoconducto, apelando al derecho soberano del Estado boliviano a negarlo cuando le pareciera pertinente. El encierro prolongado puso en tal peligro su salud integral que el Gobierno del Brasil se arriesgó y montó un operativo que lo sacó de la Embajada y lo llevó al Brasil, hecho que fue calificado por el Gobierno del MAS como una intromisión inaceptable.

En lo que respecta a los derechos indígenas, protegidos por la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de Derechos Indígenas elevada a rango de ley el 2007, el Convenio 169 de la OIT y otras leyes, desde el 2011, con la represión de Chaparina, se dio inicio a una serie de violaciones sistemáticas que supusieron la negación de la consulta previa, libre e informada, la restricción de representantes en la ALP, la cooptación y división de sus organizaciones (siempre apoyada por la fuerza pública) y el condicionamiento de acceso a recursos, entre otras violaciones. En el caso de líderes disidentes, se activó la persecución judicial con detenciones arbitrarias; Franclin Gutiérrez, Damián Condori, Félix Becerra, Cancio Rojas, Hilarión Chávez, Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Felipe Quispe son los dirigentes perseguidos más representativos.

Decenas de otros casos de violación siguen la lista: Gualberto Cusi, por no someterse a sus imposiciones del Ejecutivo; Roney T. y Franz P., miembros de la Juventud del MAS, por hacer memes sobre Carlos Romero; el albañil Rafael Chambi, por gritarle a Evo “Bolivia dijo no”; Herbert Valencia, Elmer Lizarazu y Adrian Trujillo, dirigentes cocaleros de la Federación Única de Centrales Unidas de Shinahota, por oponerse a los candidatos impuestos por Evo; Eduardo León, por ventilar el caso Zapata en su condición de abogado.

Existen otros enjuiciados a los que se les vulneró el debido proceso, lesionando así sus derechos humanos; Carmelo Lens, Leopoldo Fernández, Guillermo Fortún. A ellos se suman los presos por el caso Terrorismo, Zvonko Matkovic, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, que estuvieron con detención preventiva por más de 9 años, además del resto de procesados que sufrieron persecución y extorsión. No obstante, la mayor violación de derechos supuso la ejecución extrajudicial de los tres extranjeros en el hotel Las Américas, que, como se ha demostrado ampliamente, ni siquiera pudieron defenderse de las balas.

Debemos recordar también la vulneración de derechos políticos a Rebeca Delgado, Eduardo Maldonado, Ernesto Suárez, junto con 227 candidatos de su organización política. La inhabilitación de candidatos, vía resoluciones del TSE o de procesos legales, era uno de los mecanismos más utilizados por el MAS, tanto que las organizaciones políticas perdieron toda capacidad de reacción.

Las represiones violentas, con el abuso de la fuerza pública, no fueron excepcionales: Chaparina, Caranavi, Takovo Mora, La Asunta, Panduro, Apolo, El Alto, sumaron muertos, heridos y decenas de detenidos, jamás resarcidos por la Justicia. Además de indígenas y campesinos, prácticamente todas las colectividades que se manifestaron por sus derechos fueron reprimidas: personas con discapacidad, niños trabajadores, estudiantes universitarios, jubilados, médicos.

Hay más casos, menos visibilizados, que generaron, como en el presente, exilios y salidas intempestivas del país. Todos ellos nos muestran que la Justicia estuvo sometida al poder político, que se vulneraron leyes, que se actuó con prepotencia y arbitrariedad. Por ello, los casos que vemos no suponen un retroceso, sino cuando mucho una lamentable continuidad en la violación a los derechos humanos y políticos.

La reacción ciudadana frente a actos de violencia y violación a derechos humanos es fundamental, como parte del control al que deben someterse todas las autoridades, sin embargo, cuando esta se activa solamente cuando el gobierno de turno no responde a su filiación política carece de credibilidad y, por lo tanto, de legitimidad.

La defensa de los derechos —de los nuestros, de los de nuestros próximos y de los de los “otros”, especialmente de los más vulnerables— debe constituirse en un principio ciudadano, para exigir justicia y construir institucionalidad en las distintas instancias del Estado encargadas de garantizar su ejercicio y protección.

Los gobiernos, más allá de sus reelecciones, la acumulación de poder o de las simpatías que despierten, son representantes transitorios, que no pueden blindarse con ningún tipo de impunidad. Los silencios, la indignación selectiva, la falta de empatía por los otros (todos los otros), los revanchismos y los intereses mezquinos solo sirven para justificar las arbitrariedades, para alentar a los déspotas y fortalecer los autoritarismos, que destruyen las instituciones y la democracia. Por ello, la defensa de la democracia —que tanto demandan unos y otros— supone garantizar la coexistencia de diferentes, el ejercicio pleno de todos sus derechos —incluso de quienes aprovecharon de su sitio de poder para perseguir y robar— y el cumplimiento de las leyes.