Las ministras y su particular lucha contra la discriminación
Bolivia, al igual que el resto de
países del continente, se caracteriza por un sistema social de inequidades, construido
y mantenido a partir de ideologías racistas y sexistas de raíz colonial,
que controlan las actitudes, prejuicios y prácticas de los grupos dominantes,
en detrimento de los grupos históricamente marginados: indígenas,
afrodescendientes y, a pesar de todos los avances, mujeres.
En nuestro país, ahora
más que nunca, y en gran medida gracias al poder y presencia de los medios de
comunicación, se ha denunciado una serie de actos y actitudes discriminatorias;
sin embargo, a la par de su visibilización, se intenta encubrirlas o justificarlas
generalizando, de manera abusiva, su origen y sus agentes. Tanto los miembros
del Gobierno como algunos representantes de sectores económicamente favorecidos
soslayan, por conveniencia, que el racismo y el
sexismo constituyen sistemas de dominación, por lo que existe una relación
directa entre relaciones de poder y prácticas
discriminatorias. Por ello, llama la atención que, a
diferencia de lo que ocurre en los otros países, sean las autoridades del
Gobierno central las que constantemente salgan a los medios a presentarse como las
víctimas de la discriminación.
Hace
unos días y, por tercera vez, un grupo de ministras y viceministras brindó una
enérgica conferencia de prensa, esta vez en defensa de
la senadora Gabriela Montaño quien, según su comprensión, había sido víctima de
las actitudes sexistas y discriminatorias perpetradas por un periodista, un
senador y un jefe de partido político, los cuales, al cuestionar la constitucionalidad
de la sucesión presidencial, develaron su patrialcal objeción a que una mujer
esté al mando de nuestro Estado plurinacional.
Si bien la interpretación sobre
las implicaciones sexistas, además de sediciosas, del debate constitucional
sobre dicha sucesión es si no desatinada cuando menos malintencionadamente forzada,
estas mujeres no se equivocan al plantear que seguimos viviendo en una sociedad
patriarcal; sin embargo, sus denuncias, puesto que son representantes del
Estado, tendrían que evaluarse en función de políticas gubernamentales que
ellas, por obligación administrativa, política y ética, implementan y hacen
respetar. Desde esa mirada, fuera de estas manifestaciones de solidaridad
recíproca, solo hemos constatado omisiones, justificaciones y silencios cómplices, en
los casos de abuso contra otras mujeres, que ponen en tela de juicio su
honestidad y consecuencia, es decir, su autoridad moral.
Por
ejemplo, ¿por qué no se manifestaron, de manera convincente y decidida, contra
la violencia brutal de Chaparina cuando golpearon, arrastraron, maniataron y
acallaron con masking tape las voces
de dirigentes mujeres indígenas? ¿Por qué su sensibilidad de género no las
llevó a exigir la cárcel para los cobardes que atentaron contra la vida y la
salud emocional de decenas de niños y niñas que fueron cruelmente separados de
sus madres y abandonados a su suerte en el monte? ¿Por qué mantienen un
silencio cómplice a un año de impunidad sobre esta masacre?¿Por qué estas
incansables luchadoras de los derechos de la mujer no se indignaron ante la
campaña difamatoria, abusiva, emprendida por sus colegas varones en contra de
Bertha Bejarano? ¿Por qué no frenaron el chantaje que tuvo que soportar la
líder de la IX Marcha, y luego el linchamiento mediático dirigido a denigrar su
imagen de líder, dirigente indígena y mujer?; si contra ella se cometieron
delitos de difamación, acoso político, racismo y discriminación sexual, ¿por
qué no salieron a los medios a denunciar este abuso consumado desde el poder y
apoyado por dirigentes de las organizaciones afines al MAS?
Por
otro lado, esa férrea convicción feminista, que las lleva a una incontrolable
indignación tan enfáticamente expuesta en los medios, ¿por qué no se exalta con
las innumerables expresiones de su jefe, que reducen a las mujeres indígenas,
campesinas, e incluso a ellas mismas, a simples objetos de satisfacción sexual?
Así
como reaccionan por los comentarios sexistas de sus opositores, ¿no tendrían
que decir algo a propósito de que desde las empresas del Estado plurinacional,
desde su principal canal de televisión, se esté validando y reproduciendo las
peores expresiones de la sociedad patrialcal que tanto denuncian? ¿No tendrían
que objetar que los rostros y voces de la diversidad estén siendo sistemáticamente
desplazados por rostros Barbie y escotes
rellenos de silicona?
Publicado en Página Siete 3.10.12
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