Los detractores del Estado plurinacional

 La polarización cada vez más profunda y violenta ha impuesto un falso debate sobre la definición del Estado boliviano: Estado plurinacional vs. república. Básicamente nace de los prejuicios que se han construido en torno de ambos conceptos, de la falta de lectura al respecto y del desconocimiento de la propia Constitución Política del Estado vigente. Desde el MAS, la república es la forma colonial que hay que erradicar por completo para la plena liberación y descolonización de los pueblos; suponen, sin embargo, que la implementación de algunas políticas es suficiente para este fin, y que solo ellos pueden garantizar su concreción. Desde la oposición más conservadora, el Estado plurinacional, que conciben como un invento del MAS, busca sepultar la república para implantar los modelos autoritarios de Cuba y Venezuela.

Lo cierto es que el Estado plurinacional no es una creación del MAS, y menos de Evo Morales; es una de las más importantes reivindicaciones que ha ido construyéndose a lo largo de las sacrificadas marchas indígenas y de las reflexiones de las distintas organizaciones indígenas originarias. El Estado plurinacional no se opone a la república, sino al Estado-nación, que en Bolivia se intentó construir a través de una institucionalidad política homogénea, que impuso cultura, lengua (por ello, el proceso de castellanización), derechos, mediante la eliminación de la diversidad de formas de organización política, de educación, de relación con la tierra, entre otras.

En ese sentido, el Estado plurinacional no es la sustitución de la república, sino del Estado que negó, discriminó y vulneró sistemáticamente los derechos de las mayorías indígenas de este país. Por otra parte, la república sigue vigente en la CPE actual: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria” (art. 11, capítulo tercero Sistema de Gobierno).

Desde la concepción del Pacto de Unidad, que impulsó el Estado plurinacional en la Asamblea Constituyente, su construcción implicaría, además de una reforma de las relaciones entre Estado y sociedad civil, la articulación de estructuras sociales de diferentes matrices, diferentes relaciones sociales, distintas formas de entender y aplicar la justicia, de definir la autoridad, además de diversas cosmovisiones, lenguas y culturas, para las que el territorio es un elemento vital de desarrollo y de derecho colectivo.

Apenas iniciada la segunda gestión del Gobierno del MAS, al año de celebrar la aprobación del nuevo texto constitucional como punto de inflexión en la historia de Bolivia, este no ha hecho más que impedir la construcción de un Estado plurinacional; se ha servido de sus símbolos, de la retórica que propicia, pero ha implementado políticas tan o más coloniales, tan o más discriminatorias que las de los regímenes anteriores. La primera evidencia es la aprobación de la Ley de régimen electoral del 2010, que viola flagrantemente la CPE al desconocer la circunscripción indígena que les corresponde a los guaraníes de Chuquisaca, reduciendo al mínimo, además, el número de representantes indígenas. 

No contentos con ello, aprobaron la ley de Organizaciones políticas, que, de manera solapada, impone requisitos que limitan el derecho de los pueblos indígenas a elegir libremente a sus autoridades en el marco de sus usos y costumbres, todo para imponer al MAS como canal de representación y control político. En este mismo plano, cualquier iniciativa política, emergente de la contestación o disidencia al MAS, ha sido blanco de ataques, campañas de deslegitimación y/o persecución judicial.

La XI Marcha indígena en desarrollo, que exige el respeto a su identidad y cultura, a sus territorios, además de frenar los incendios que están destruyendo bosques y selvas, es suficiente evidencia de que en estos 12 años de vigencia de la CPE no se ha avanzado en la construcción del Estado plurinacional; todo lo contrario. Haberlo hecho habría supuesto impulsar la consolidación de las autonomías indígenas, la libre determinación para la gestión y gobernanza en sus territorios, y la activación de mecanismos que aseguren su preservación. No ocurrió nada de ello. En el 2010, el Gobierno de Evo Morales violó el derecho a la consulta previa, libre e informada con el anuncio de la carretera que atravesaría “quieran o no quieran” el corazón del Tipnis. 

Lo que siguió reveló con claridad la decisión de Evo Morales de pisotear los derechos de los pueblos indígenas. La violenta represión a la VIII Marcha y la abrogación de la Ley 180 de intangibilidad del Tipnis, que había sido arrancada al Gobierno, son parte de un conjunto de acciones cuyo objetivo es desplazar a las comunidades indígenas dueñas de territorios, para extender la explotación de recursos por parte de cooperativas mineras y transnacionales hidrocarburíferas, y construir megahidroeléctricas, carreteras, además de extender la frontera agrícola para beneficiar al agroempresariado y, en menor medida, a sus organizaciones leales. 

Si bien los proyectos más grandes aún no se han concretado, las consecuencias de las políticas ecocidas ya son visibles: comunidades enteras contaminadas, millones de hectáreas de áreas protegidas calcinadas, cientos de miles de hectáreas de bosques tropicales deforestados, la mitad bosques primarios; sequías, inundaciones, extinción de especies animales y vegetales. 

Y, en la misma lógica de violación de derechos, acabamos de presenciar la toma física de Adepcoca, una de las pocas organizaciones que se mantenía independiente, y que, por lo tanto, tenía la capacidad de interpelar al Gobierno. El indecoroso trabajo de socavar la unidad del sector, que había iniciado Evo Morales, lo ha terminado el actual Ministro de Gobierno, que, convencido de su poder y despreocupado por el mensaje que su presencia enviaría, salió a los medios junto al directorio impuesto, dándole su apoyo y destacando la “democracia” que lo eligió, intentando ocultar el escenario de enfrentamientos violentos, amenazas y tortura al dirigente disidente Lluta, que precedió a ese ilegal e ilegítimo acto. 

Hoy hablamos de Adepcoca, pero, desde la VIII Marcha del Tipnis, el MAS ha seguido el mismo modus operandi destinado a destruir la institucionalidad de las organizaciones sociales, indígenas y campesinas, vía la división, toma de sedes custodiada por la Policía y la persecución judicial de los representantes legítimos. El MAS ha generado y financiado enfrentamientos fratricidas, con el único propósito de someter a las organizaciones para avanzar, pisoteando sus derechos, en sus proyectos políticos ecocidas.  

A ello debemos sumar la falta de políticas y de financiamiento para la educación bilingüe (prácticamente inexistente), la revitalización de lenguas (en su mayoría ya moribundas), y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades, de manera que no tengan que salir de ellas para engrosar los cordones de pobreza en las ciudades. 

Con todo lo revisado hasta aquí, que es apenas una parte del conjunto de contradicciones y traiciones del Gobierno del MAS, no se asoma la posibilidad de avanzar un solo paso hacia el horizonte de un Estado plurinacional. La oposición más conservadora no debería afanarse en reivindicar la república, porque el verdadero enemigo del Estado plurinacional es el propio MAS, que tendrá que cargar con la responsabilidad histórica de haber destruido los territorios indígenas, de haber debilitado a las organizaciones indígenas y campesinas, y de haber generado las condiciones para la pérdida de la diversidad lingüística y cultural, que solo se quedará en sus discursos plagados de falacias e impostura. 

24 de septiembre de 2021, Cabildeo